Estado actual de los microcréditos
y Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo
La futura Ley de Contratos de Crédito al Consumo marcará un antes y un después en la regulación de los microcréditos en España. Sobre este escenario debatieron Ángela Aso Ferrer, directora de Asesoría Jurídica y Compliance de Vivus, y Alicia Visitación Martín, magistrada de la Sección Civil de los Tribunales de Instancia de Madrid, en una mesa moderada por Óscar Molinuevo Díez, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo.
Un cambio de paradigma para los microcréditos
Ángela Aso explicó que la principal novedad del anteproyecto es que, por primera vez, los microcréditos contarán con una regulación específica. Hasta ahora, este tipo de financiación se apoyaba en normativa general de consumo, protección de datos o prevención del blanqueo de capitales, lo que generaba una importante inseguridad jurídica tanto para las entidades como para los tribunales. En su opinión, la transposición de la Directiva europea permitirá dotar al sector de un marco legal adaptado a un producto que lleva más de quince años presente en el mercado español y que responde a necesidades de financiación muy concretas y de corta duración.
La experta recordó que el importe medio de estos préstamos ronda los 322 euros y que su finalidad no es financiar proyectos a medio o largo plazo, sino ofrecer una solución inmediata para afrontar gastos puntuales. Precisamente por ello defendió que cualquier regulación debe partir de la realidad del producto y de la función que desempeña para muchos consumidores.
La visión de los tribunales
Desde la perspectiva judicial, la magistrada Alicia Visitación Martín analizó cómo afectará la futura ley a la resolución de los conflictos relacionados con el crédito al consumo.
Aunque consideró positivo el refuerzo de la protección del consumidor, explicó que el texto todavía deja cuestiones abiertas que previsiblemente deberán ser resueltas por la jurisprudencia. Entre ellas mencionó la interpretación de los límites de la usura, la aplicación práctica de determinadas causas de nulidad o anulabilidad, la regulación del vencimiento anticipado y la definición de consumidor vulnerable.
Uno de los aspectos que más interés despertó fue su análisis sobre la evolución reciente del mercado de los microcréditos. Alicia Visitación señaló que distintos estudios reflejan un incremento muy significativo de los tipos de interés, pasando de medias cercanas al 1.300 % TAE a operaciones que alcanzan aproximadamente el 4.900 % TAE. A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de establecer criterios objetivos que aporten seguridad jurídica y permitan valorar de forma homogénea cuándo un préstamo puede considerarse usurario.
Asimismo, destacó que el anteproyecto incorpora avances relevantes como la regulación expresa de la cesión de créditos, el derecho del consumidor a oponer frente al cesionario las mismas excepciones que tendría frente al acreedor original y la obligación de que las entidades dispongan de servicios de atención al cliente gratuitos y eficaces. También llamó la atención sobre la conveniencia de armonizar determinados preceptos con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar futuras discrepancias interpretativas.
Más protección para el consumidor
Entre los avances que incorpora el anteproyecto, Ángela Aso destacó el fortalecimiento del análisis de solvencia previo a la concesión del crédito, las nuevas obligaciones de información precontractual y la exigencia de que las entidades que concedan financiación obtengan autorización del Banco de España.
A su juicio, estas medidas incrementarán la protección del consumidor, aportarán mayor transparencia al mercado y permitirán que jueces, entidades financieras y consumidores dispongan de criterios homogéneos sobre el funcionamiento del sector.
Los aspectos que aún generan debate
Aunque valoró positivamente el anteproyecto, Ángela Aso advirtió de varios aspectos que considera mejorables antes de su aprobación definitiva.
En primer lugar, señaló que los límites previstos para el coste máximo del crédito podrían dificultar la viabilidad económica del sector. También cuestionó la obligación de establecer una duración mínima de tres meses para determinados préstamos de alto coste, cuando la realidad demuestra que la mayoría de los microcréditos se devuelven en apenas unas semanas. Finalmente, mostró su preocupación por el plazo obligatorio de veinticuatro horas entre la solicitud y el desembolso, al considerar que reduce uno de los principales valores de este producto: ofrecer una respuesta inmediata ante una necesidad económica urgente.
Un debate sobre el futuro del crédito al consumo
Durante la mesa, moderada por Óscar Molinuevo Díez, también se abordó el incremento de la litigiosidad en materia de crédito al consumo. Los ponentes coincidieron en que este fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos el crecimiento del mercado, una mayor concienciación de los consumidores sobre sus derechos, la especialización de los despachos y la evolución de la doctrina judicial. Al mismo tiempo, señalaron que la futura ley puede contribuir a reducir parte de esa conflictividad al ofrecer un marco normativo más claro y homogéneo para todos los operadores jurídicos.
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